Aunque pareciera que la destitución de una veintena de oficiales y suboficilaes, incluidos tres generales, por el caso de las desapariciones de los jóvenes de Soacha hallados muertos en los departamentos de Santander y Norte de Santander, fuera el principio del fin de esta historia injusta que pagan personas inocentes, la realidad demuestra que en algunos sectores del Ejército Nacional, el mismo que ha llevado una batalla sin descanso en contra de las Farc, tiene vínculos con organizaciones delictivas y han ejercido acciones clandestinas al tomar jóvenes y campesinos del común por falsos positivos o bajas en combate. No se ejercen los controles suficientes en una de las instituciones que en la actualidad goza de credibilidad y confianza en Colombia.
Lo preocupante de este caso es que todavía no se sabe si los coroneles y generales retirados del servicio por orden del Ejecutivo y del Comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, tienen directa o indirectamente responsabilidad en esta angustiosa situación. A pesar de la acción para muchos temprana de las Fuerzas Militares y del Estado por buscar culpables, lo único cierto es que hasta ahora se conoce a la luz pública el modo folklórico y el grado de irresponsabilidad en que la máxima institución de seguridad del país opera en casos tan cruciales como en el de Derechos Humanos.
